CONGRESO FANTASMA EN PUNO: DENUNCIAN USO DE S/ 29 MIL EN NOMBRE DE LAS MUJERES PARA UN EVENTO QUE NUNCA EXISTIÓ
En la región Puno, el Gobierno Regional habría destinado S/ 29,000 para la realización del denominado “II Congreso Regional de la Mujer Puneña”, actividad que no se llevó a cabo, generando indignación en organizaciones y lideresas, y motivando la intervención de la Fiscalía Anticorrupción por presunto uso indebido de recursos públicos.
El Gobierno Regional de Puno, a través de la Gerencia de Desarrollo Social a cargo de Everardo Aracayo Quispe, dio conformidad al desarrollo del denominado “II Congreso Regional de la Mujer Puneña – Mujeres unidas construyendo un buen vivir”. No obstante, el evento no se realizó, pese a haber sido sustentado mediante el memorándum N.° 24-12, utilizando incluso fotografías del primer congreso desarrollado en marzo de 2025. Este hecho no solo evidencia una presunta irregularidad administrativa, sino también el uso instrumental de un proceso organizativo de mujeres para justificar gasto público.
Por su parte, lideresas y organizaciones de mujeres de la región Puno confirmaron la inexistencia del evento, cuestionando que desde la misma gerencia se haya negado apoyo a iniciativas reales bajo el argumento de falta de presupuesto. La situación revela una contradicción estructural en la gestión pública regional, donde se invisibilizan las demandas territoriales mientras se valida una actividad inexistente. Este tipo de prácticas no solo debilita la confianza institucional, sino que reproduce formas de violencia simbólica al utilizar el nombre y la lucha de las mujeres sin generar espacios reales de participación. Ante la difusión del caso por un medio local, la Fiscalía Anticorrupción intervino la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Puno para solicitar documentación relacionada al presunto congreso. El fiscal William Otazu señaló que, al tratarse de un presupuesto por encargo interno, se podría configurar el delito de peculado. En este contexto, organizaciones de mujeres y lideresas regionales exigen la destitución del funcionario involucrado, advirtiendo que estos hechos no son aislados, sino parte de una forma de gestión que vulnera derechos y deslegitima las luchas sociales en la región.
